CIUDAD DE MEXICO (proceso).- A 13 años de la entrada en vigor de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información, el sistema no ha funcionado para saber más sobre las violaciones graves a derechos humanos, a pesar de que desde su promulgación, el 11 de junio de 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señalaba explícitamente en su artículo 14: “No podrá invocarse el carácter reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.

Las diferencias suscitadas entre tres organizaciones de la sociedad civil y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, por un lado, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por el otro, por los casos y la información que se incluyen en la plataforma Memoria y Verdad, evidencian claramente que “la falta de compromiso de los intérpretes de la Ley con la verdad” (como señaló en su discurso Ana Cristina Ruelas) es el principal factor que entorpece y retarda el proceso de apertura de la información en México.