OAXACA, Oax. (apro).- La criminalización de la protesta social es una política de Estado que busca inhibir la defensa de derechos humanos, denunciaron 11 organizaciones no gubernamentales en su informe sobre detenciones arbitrarias e ilegales.

Pese a que la ONU ha declarado como detención arbitraria la aprehensión de cinco activistas, entre ellos tres de Oaxaca, las ONG se quejaron que han sido desoídas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.