CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Someter la reglamentación de los derechos de las audiencias al Ejecutivo federal y no al Instituto Federal de Telecomunicaciones implica “someterlos a intereses políticos y de los concesionarios, como está ocurriendo”, destacó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (la AMEDI).

Así opinó, en un primer posicionamiento sobre las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Presidencia de la República y el presidente de la Mesa Directiva del Senado.