CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un Estado de México gobernado por los intereses del llamado Grupo Atlacomulco, la polémica Ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad –también conocida como Ley Eruviel— abre la puerta a la represión de movimientos en defensa de las aguas, la tierra, los bosques o los minerales, denunciaron hoy organizaciones mexiquenses.

Las ONG anunciaron que el combate contra la ley continúa: instalarán foros consultivos para analizar el nuevo marco legal, vigilarán los debates en el Congreso local y redactarán una contrapropuesta legislativa.