CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ya transcurrieron más de tres meses desde que el Citizen Lab reveló que el gobierno mexicano intentó implantar un programa espía en los dispositivos móviles de dos activistas y un científico a favor del impuesto sobre los refrescos y ninguna autoridad del Ejecutivo federal ha pronunciado una sola palabra al respecto.

“Si la autoridad encargada de la seguridad nacional se hubiese enterado del espionaje cuando el Citizen Lab dio a conocer su informe (en febrero pasado), hubiera investigado el caso de inmediato”, asevera en entrevista con Apro, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.