CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Recomendación 4/2017 que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos sobre el caso Narvarte terminó de derrumbar la credibilidad en la procuración e impartición de justicia de la capital del país.

A esa conclusión llegó la defensa legal de cuatro de las cinco víctimas del multihomicidio perpetrado el 31 de julio de 2015 -entre ellas, el fotoperiodista y excolaborador de Proceso, Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera-, por lo que emplazó al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a dar una respuesta en un plazo máximo de 15 días sobre el caso, si es que en verdad quiere traducir en hechos el discurso oficial sobre su interés y compromiso en la defensa de los derechos a periodistas, mujeres y activistas sociales.