CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, un despliegue inusual de policías, funcionarios y aparato comunicacional convirtió en objeto de escarnio el albergue “La Gran Familia”, en Zamora, Michoacán, y a su fundadora, una anciana conocida como Mamá Rosa, en la imagen de la villanía, acusada de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.
Ese despliegue, inusual por lo menos, se inscribía en el contexto de la agenda nacional que culminaba el proceso de reformas estructurales, y en lo local, en Michoacán, de poblaciones cansadas de la violencia, que aparentemente decidieron o fueron inducidas a tomar en sus manos la seguridad pública, como en lo asistencial lo hacía la propia Mamá Rosa. La mujer no fue procesada, como no lo fue la mayor parte de su equipo de colaboradores. Luego, todo acabó.


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