CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de Ley General de Archivos que presentó el Senado en noviembre pasado es un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues prevalecen los criterios políticos sobre las directrices técnicas y especializadas en el resguardo de los documentos, denunciaron organizaciones sociales y académicos.

En rueda de prensa, representantes de Artículo 19, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Red por la Rendición de Cuentas y Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señalaron al menos siete puntos de la ley que pondrían en riesgo la conservación de la memoria histórica y, sobre todo, el acceso a documentos clave para entender el contexto de violaciones a derechos humanos y corrupción en las instituciones en la actualidad.