CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) el pasado 30 de noviembre con los votos de los diputados del PRI y sus aliados en San Lázaro echó por la borda los informes de organizaciones nacionales e internacionales, así como las llamadas de alerta y recomendaciones de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la fallida estrategia de militarizar la seguridad pública en los últimos 10 años en México.
De nada valieron las múltiples advertencias, pues esa ley –que da amplias facultades al presidente de la República para mantener de forma indefinida a miembros de las Fuerzas Armadas en las calles– impulsada por el priista César Camacho Quiroz fue avalada por 248 votos.


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