CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La política laboral del gobierno peñanietista precarizó las condiciones del trabajo en el país. El desmantelamiento de derechos fue parte de una continuidad histórica iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y no sólo porque en su ocaso se haya aprobado la Reforma Laboral, también porque desde 2006, el retorcimiento de la ley fue constante para imponer los criterios de la opulencia.

El deterioro de las condiciones del trabajo, aun sin reformas de fondo –excepto por las relativas al sistema pensionario y la burocracia magisterial—se patentó también en el ámbito burocrático, contemplado en el Apartado B del artículo 123 constitucional que distingue entre trabajadores de base y de confianza con derechos laborales fundamentales garantizados, a través de una tercera categoría: la del trabajo eventual.