CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las quejas por filtración de información, omisión y negligencia sobre casos penales desde el interior de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) ya llegaron al terreno de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuyo resultado podría enviar a los servidores públicos responsables a juicios en el Tribunal Administrativo y hasta terminar en inhabilitación laboral.

Es el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando la dependencia filtró declaraciones, fotografías y hasta resultados toxicológicos que motivaron a los familiares de las víctimas -Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín, Nadia Vera y Rubén Espinosa- y sus abogados a solicitar un amparo y, tres años y medio después, iniciar una queja ante la Contraloría contra funcionarios de la Procuraduría.