CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Desde tiempo atrás la publicidad oficial ha desestimado el tiraje, los niveles de audiencia y su público objetivo, temas básicos en las leyes del mercado de publicidad, a favor de la discrecionalidad y las decisiones políticas sin más soporte que las filias y fobias del gobierno en turno. La aprobación de la Ley General de Comunicación Social en 2018, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue un despropósito porque eleva a rango de ley la discrecionalidad que se buscaba precisamente combatir. En ese contexto, en Michoacán se ha aprobado un decreto sobre publicidad oficial que rebasa los requerimientos generales de las prácticas democráticas internacionales que, como toda obra humana, puede ser mejorable, pero es un punto de partida de vanguardia. Existen elementos que sustentan esta afirmación: