CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Lo sucedido a Sergio Aguayo con el fallo del magistrado Francisco José Huber Olea Contró a pagar a Humberto Moreira la cantidad de 10 millones de pesos por una supuesta difamación hecha en su columna “Hay que esperar” (Reforma, 20 de enero 2016) no sólo es un grave atentado a la libertad de expresión. Es también una muestra clara de que el Estado está capturado por redes criminales de protección política o corrupción, que no sólo mediante la sangre, la extorsión, el secuestro y la desaparición, sino también mediante el uso faccioso de la ley, están dispuestos convertir el país en un campo de concentración al servicio del crimen.

A diferencia de Aguayo –un gran académico, un intelectual profundo y una figura fundamental en la defensa de los derechos humanos–, sobre Moreira pesan evidencias de delitos graves. Según el Auto judicial, que permitió su detención en España en 2016, y que sirvió de base para el artículo de Aguayo, pertenecen a delitos de “organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho”. Este documento, aunado a las investigaciones que el propio Aguayo realizaba entonces con Jacobo Dayán sobre violaciones a derechos humanos en Coahuila, llevaron al investigador a afirmar que Moreira “es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones de derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.