MADRID (apro).- El proceso de extradición de Emilio Lozoya deja entrever una fuerte batalla jurídica en España entre dos de los despachos de mayor renombre en el país, el de Garrigues como coadyuvante del gobierno de México en la demanda formal, y el juez Baltasar Garzón como defensor del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), reclamado por la Fiscalía General de la República (FGR) por un delito de blanqueo de capitales en la trama de corrupción Ahmsa-Odebrecht.

La contratación de Garzón –adelantada ayer por Ciro Gómez Leyva en su programa de radio– muestra el propósito de Lozoya de descansar su defensa en un jurista que conoce por dentro los procedimientos judiciales de la Audiencia Nacional, donde fue titular del Juzgado de Instrucción número 6, desde 1988 hasta mayo de 2012 (excepto de mayo de 1993 a mayo de 1994), cuando fue expulsado de la carrera judicial por un polémico fallo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).