CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de buscar el respaldo de la justicia federal, comunidades y organizaciones indígenas de la Península de Yucatán interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y pidieron a su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, que emita medidas cautelares para detener las obras y “todas aquellas actividades relativas” al Tren Maya, que consideraron “no esenciales ni prioritarias en este momento”.

En un escrito de 37 cuartillas, entregado al organismo el pasado viernes 8, las organizaciones denunciaron que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de continuar con el megaproyecto, a pesar de la emergencia sanitaria por covid-19, “pone en riesgo la salud y vida de la población de la península (…) principalmente de quienes integran las comunidades indígenas afectadas”.