OAXACA, Oax. (apro).- Los servidores públicos que se nieguen a acatar órdenes de protección de emergencia y preventivas por violencia contra las mujeres serán castigados hasta con 10 años de cárcel.

Así lo establece la reforma al Código Penal que aprobó la 64 Legislatura local, al considerar como delito por abuso de autoridad la omisión de funcionarios para ejercer órdenes de protección a mujeres violentadas.