CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para Christel Rosales, investigadora senior de la organización México Evalúa, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Senado allanaron el camino para que Emilio Lozoya Austin llegara a México con todo a su favor para concederle el criterio de oportunidad. Prueba de ello, expone en entrevista con Proceso, son las reformas al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado por el Senado en noviembre de 2019 para incluir el delito fiscal en el catálogo.

Otro de los puntos que evidencia el presunto acuerdo previo entre la FGR y Lozoya, arguye, es que los delitos que se le imputaron –asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita– dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales no son lo suficientemente graves como para excluirlo del beneficio del criterio de oportunidad.