CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las revelaciones sobre el caso de Emilio Lozoya Austin y la trama de sobornos de Odebrecht ponen en duda la legalidad de la Presidencia de la República durante el periodo 2012-2018, la de Enrique Peña Nieto; la denuncia apunta hacia “una Presidencia fraudulenta” financiada con dinero negro, lo que la autoridad electoral aún puede indagar, pues el expediente sigue vigente.

Además, documentos del Instituto Nacional Electoral (INE) revelan que desde 2017 la institución mantiene abiertas indagatorias sobre presuntas aportaciones ilegales a la campaña de Peña Nieto mediante la empresa Blunderbuss Company de México, las empresas fachada creadas por Odebrecht: Constructora Internacional del Sur y Research Enginnering and Development LTD, así como la suiza Latin America Capital Holding.