CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 28 de octubre la Cancillería mexicana pidió a la Defensoría del Pueblo de Colombia –equivalente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)– le informara si mexicanos enfrentan algún proceso penal, en el marco de una investigación sobre asesinatos y operaciones presuntamente perpetrados por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante una carta, Ernesto Herrera López, encargado de negocios de la Embajada de México en Bogotá, pidió a Carlos Ernesto Camargo Assis, Defensor del Pueblo, su “valioso apoyo” para conocer el “número, situación jurídica y si (los mexicanos) fueron informados sobre su derecho a la notificación consular”, y para ello invocó el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares.