XALAPA, VERACRUZ.- Una operación jurídica, mediática y política desplegada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa manipuló la investigación del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, e impuso una versión oficial que evitó a toda costa indagar a personajes o grupos a quienes pudo incomodar el trabajo de la periodista.
Luego de años de silencio, especulaciones y un miedo que aún permea entre el gremio periodístico de esta entidad, este entramado fue confirmado por autoridades involucradas en la investigación y el juicio por este crimen, así como operadores políticos y mediáticos de ese entonces.
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