CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La injerencia presidencial en los procesos electorales era tan fuerte y directa en México que se prolongaba mucho más lejos que la integración de los órganos comiciales y se inscribía en la designación de candidatos del partido oficial y de otros varios, así como en el financiamiento con recursos públicos y la gestión de privados. En el campo de las formas todo era simulación.

El presidente tenía impunidad y las críticas personales en su contra eran escasas y riesgosas. El titular del Ejecutivo acalló y castigó a críticos –periodistas y políticos— con violencia o arbitrariedad y jamás polemizó con sus víctimas.