CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) cuestionaron la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), hace casi 20 años, sobre el caso de la activista Digna Ochoa y Plácido, quien, dijo entonces, decidió acabar con su vida el 19 de octubre de 2001.

En la primera parte de la audiencia presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito, para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en la falta de esclarecimiento de la muerte de Ochoa y Plácido, jueces del tribunal regional pusieron en duda la versión oficial durante el interrogatorio a José Antonio Pérez Bravo, quien entre 2002 y 2004 estuvo a cargo de las investigaciones ministeriales de la fiscalía especial de la entonces PGJDF, encabezada por Bernardo Bátiz, para investigar la muerte de la defensora.