Autora / Montserrat Peralta

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El caso de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se convirtió en un asunto de Estado. Los poderes Ejecutivo y Judicial, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), decidieron mantener en sigilo la información sobre la extradición de uno de los actuales líderes del Cártel de Sinaloa, mientras que el Legislativo evitó indagar los hechos y los motivos del presidente Andrés Manuel López Obrador para ordenar al Ejército que liberara a quien el gobierno de Estados Unidos pretende juzgar por narcotráfico.