OAXACA, Oax. (apro).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició de oficio una investigación por el caso Santo Domingo Ixcatlán, donde el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria declararon muertos a mil 13 comuneros que están vivos, para despojarlos de sus tierras.

Este hecho –advirtió– vulnera, entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y particularmente el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena.