El caso del joven universitario recientemente ultimado por la Guardia Nacional en Guanajuato no es único: en abril del año pasado Jorge Alberto Rivera Cardoza murió en la frontera tamaulipeca en circunstancias muy similares. La viuda de este hombre fue amedrentada por efectivos de la institución para obligarla a eximirlos de toda responsabilidad e incluso le ofrecieron un millón y medio de pesos para que lo hiciera. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ya se configura lo que parece un patrón de comportamiento de los guardias nacionales en cuanto al uso indiscriminado de la fuerza letal.