En la contratación de médicos cubanos existe una trama perversa que relatorías de la ONU equiparan con la trata de personas, sostiene Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, quien subraya la existencia de un “conflicto de interés”: el gobierno de la 4T candidatea a Nadine Gasman, titular de Inmujeres, para dirigir la OPS al tiempo que su esposo, el doctor cubano Joaquín Felipe Molina Leza, funcionario del Insabi, es “investigado” en Estados Unidos por una “retención ilegal” de sueldos de galenos de la isla contratados en Brasil. Detrás de esa candidatura, afirma Larrondo, hay “un pacto” entre México y La Habana para controlar la OPS.