CUERNAVACA, Mor. (apro).– La Fiscalía General de Morelos ni siquiera consideró entre las líneas de investigación del asesinato de Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero de 2019, su activismo contra el Proyecto Integral Morelos, que incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en la zona oriente de la entidad.

Esa es una de las conclusiones más importantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emitió la recomendación 103/2022 a la Fiscalía de Morelos “por negar el derecho al acceso a la justicia a opositor de proyecto termoeléctrico asesinado en 2019”. El documento está dirigido al fiscal general Uriel Carmona Gándara, por violaciones a los derechos humanos. La CNDH establece que el asesinato ocurrió en el marco de su labor como opositor al PIM. Las violaciones de derechos humanos en este caso son “atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía Estatal”.