Las reformas legales que otorgan a la Sedena el mando, operación y administración de la Guardia Nacional tendrán un impacto directo sobre los derechos humanos. A pesar de ello, la CNDH –presidida por Rosario Piedra Ibarra– abdicó de su facultad para interponer una acción de inconstitucionalidad y se plegó sin rubor a la narrativa del presidente. Poco le importaron los valores y objetivos que dan razón de ser a este organismo, así como los instrumentos internacionales en la materia, las opiniones de sus pares en los estados y hasta las consideraciones de seis de sus nueve consejeros.

Ciudad de México (Proceso).– Desdibujada como contrapeso del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presidida por Rosario Piedra Ibarra, decidió plegarse al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control absoluto de la Guardia Nacional (GN), pasando por alto instrumentos internacionales de derechos humanos, consideraciones de sus pares en los estados e incluso de los consejeros del organismo.