CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al menos 20 presidentes municipales de Iguala y sus alrededores –de todos los partidos políticos– estaban vinculados con grupos criminales, principalmente Guerreros Unidos, La Familia y en menor medida de los Caballeros Templarios, según un informe que la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional mandó a Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Inteligencia Criminal, en octubre de 2014.

En el informe, enviado a Zerón tres semanas después de la desaparición forzada de los estudiantes, se señalaba que José Luis Abarca Velázquez, el alcalde perredista de Iguala “proporcionaba protección” a Guerreros Unidos y que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, mantenía vínculos con miembros de la familia Beltrán Leyva, que encabezaba la organización criminal del mismo nombre.