La Ley General de Comunicación Social, vigente desde diciembre pasado, está suscitando un alud de acciones de inconstitucionalidad. Ayuntamientos panistas agrupados en la ANAC, dirigencias partidistas de oposición, el INE y medios coinciden en que el bajísimo tope de gasto en comunicación social atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Una vez interpuestos los recursos, la última palabra será de la Suprema Corte.

Ciudad de México (Proceso).- La Ley General de Comunicación Social, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre se está convirtiendo en una de las más impugnadas de la historia: durante la última semana de enero y la primera de febrero se espera que al menos 320 municipios demanden su invalidez ante la Suprem Corte de Justicia de la Nación (SCJN).