La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano implementar medidas cautelares para proteger la vida de los jesuitas que trabajan en la Sierra Tarahumara, pues no sólo se mantiene impune el asesinato de sus compañeros Javier Campos y Joaquín Mora, cometido hace nueve meses, sino que enfrentan constantes actos de violencia y amenazas. La muerte de
El Chueco –capo que gozaba de la protección de las autoridades locales– no ha frenado los riesgos para estos religiosos. “Esa muerte no resuelve nada. Todo sigue igual”, resume el sacerdote Javier Ávila.
Adquiere una fotografía para ilustrar esta nota aquí