CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que era “obligación” del Estado mexicano haber protegido la vida y los derechos humanos de los 40 migrantes que murieron calcinados en un “centro de detención” del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En un comunicado de prensa, la Dimensión Episcopal para la Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH), de la CEM, indicó que “cualquier poder u órgano” del “Estado mexicano” tiene la “obligación de garantizar los derechos humanos a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio o bajo su jurisdicción”.