MÉXICO, D.F., 14 de octubre (apro-cimac).- Además de violentar derechos laborales, las evaluaciones a las que serán sometidas las docentes dejan de lado las condiciones precarias en las que realizan su labor.
Miles de maestras están en riesgo de perder sus empleos con la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), que las obliga a ser evaluadas de manera permanente en aras de lograr una “educación de calidad”.


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