CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la inhabilitación definitiva que establecía el Código Penal de Baja California Sur como sanción para los servidores públicos que reincidan en usar sus cargos para realizar terapias de conversión a personas de la comunidad LGBTTTI+.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte consideró que esta sanción, que fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es inconstitucional al tener un carácter permanente y desproporcionada porque se aplicaba de manera automática sin permitir a los jueces realizar un análisis del caso concreto para determinar la gravedad del hecho o la culpabilidad del imputado en la comisión del delito.