El 3 de abril último la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que cerró la queja que el defensor y activista de Nuevo Laredo Raymundo Ramos interpuso contra el Ejército por espiarlo. Al organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra le bastó con que la Sedena negara haber realizado alguna intervención de comunicaciones privadas civiles, para darle carpetazo a este caso. “La CNDH claramente es un apéndice del gobierno”, cuestionan Ramos y el director ejecutivo de la organización R3D, Luis Fernando García Muñoz.
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