Después de decretar la “muerte cruzada” –figura jurídica que le permite disolver el Parlamento, pero lo obliga a convocar elecciones–, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispone de seis meses para gobernar por decreto. En ese periodo tendría la facultad de imponer reformas neoliberales que –a decir de analistas consultados por Proceso– pueden “incendiar las calles” y ahondar la crisis institucional que sacude al país.

Bogotá, (Proceso).– Acorralado por el Congreso, que lo tenía sometido a un juicio político que pudo haber culminado con su destitución, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso optó por disolver por decreto al Parlamento pese a que, con esa decisión, la ley lo obliga a solicitar una convocatoria a nuevas elecciones y abandonar de manera anticipada el cargo.