Rafael Croda

BOGOTÁ, 28 de marzo (apro).- Ni siquiera las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado colombiano salvaron al alcalde de izquierda de Bogotá, Gustavo Petro, de ser destituido del cargo y sancionado con una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos, por decisión del ultraconservador procurador General, Alejandro Ordóñez.


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