MÉXICO, D.F., 21 de septiembre (apro-cimac).- Castigar la tortura en México es casi imposible debido a que los peritos encargados de comprobar el delito –adscritos a la PGR y a las procuradurías estatales– incurren en irregularidades que van desde criminalizar a las víctimas hasta aplicar pruebas psicológicas para desestimar las denuncias.

Peor aún, en lugar de aplicar pruebas para correlacionar los hechos denunciados con la sintomatología psicológica y física de mujeres y hombres sobrevivientes de tortura, los peritos oficiales realizan estudios de personalidad, interrogatorios de hasta 12 horas y exámenes médicos que en vez de contribuir a la investigación denigran a las víctimas.