COLIMA, Col., 8 de octubre (apro).- Ante el riesgo de una inminente derrota jurídica en su querella contra 33 campesinos nahuas de Ayotitlán, Jalisco, el Consorcio Minero Peña Colorada, con el respaldo de las autoridades colimenses, presionó a la mayoría de los procesados para obligarlos a aceptar el “perdón judicial” por el delito de despojo, con lo que tácitamente admiten que cometieron el acto que se les imputa, denunció el abogado Carlos Valentín Veyna Martínez, director general del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

La poderosa empresa minera de capital italiano-argentino-indio se apresuró a “perdonar” hoy a los indígenas —sometidos desde hace más de dos meses a proceso penal—, luego de que el pasado martes 6 se dio conocer la concesión de un amparo contra el auto de formal prisión a Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, defensor de la comunidad, detenido junto con el grupo de campesinos el 22 de julio, cuando éstos reclamaban a la trasnacional el pago de regalías por la extracción de hierro de su territorio.