MADRID (proceso).- La detención de Humberto Moreira, el 15 de enero en Madrid, tomó a la embajadora Roberta Lajous Vargas fuera de base. Se enteró del escándalo en México, adonde había viajado en diciembre, a pesar de que España vivía un convulso proceso político derivado de las elecciones generales celebradas ese mes, y aun cuando este país mantiene un nivel cuatro de alerta antiterrorista, temas que demandan atención diplomática.

Algo similar les ocurrió a los funcionarios de la embajada, quienes supieron del arresto por la prensa española. Tal fue el caso de la agregada legal de la Procuraduría General de la República (PGR), Érica Cervantes; del representante del Centro de Información y Seguridad Nacional, Juan Manuel Sánchez; del representante de la Policía Federal, José Palma, y del cónsul Bernardo Córdova.