CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del gobierno de Miguel Ángel Mancera no le han bastado 27 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para evitar y eliminar la dilación en el acceso a la justicia entre su personal contra los ciudadanos.

Desde 1993, –hace 23 años– el organismo defensor ha posicionado ese tema ante la autoridad local; sin embargo, continúan las violaciones recurrentes a los derechos humanos por irregularidades en la averiguación previa, dilación u omisión para integrar y determinar las indagatorias, así como la negativa de acceso a la justicia en agravio de las víctimas de delitos.