CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando Benito Juárez expidió la ley del matrimonio civil el 23 de junio de 1859, refugiado en Veracruz mientras el amotinado Félix Zuloaga despachaba en Palacio Nacional, la nueva Constitución tenía ya casi dos años de haber entrado en vigor (16 de septiembre de 1857) pero era difícil alcanzar las libertades prometidas.

Una de esas libertades consistía en poder casarse sin someterse a los requisitos eclesiales ni a los costos inherentes. Al reconocer que “todos nacen libres” y que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales” (art. 1º.), el Estado estaba obligado a integrar el registro civil para hacer efectiva la libertad de casarse y para que los “actos de la autoridad civil surtan ya todos su efectos legales”. Para la ley, desde entonces, el matrimonio no es un acto religioso por más que tal sacramento se encuentre permitido como parte de las libertades que se proclaman.