CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La ambiciosa iniciativa del Ejecutivo federal para militarizar la administración y el transporte de pasajeros y mercancías en las 110 capitanías de puerto mexicanas, enviada en marzo pasado al Congreso, ha generado una abierta oposición de empresarios marítimos, pilotos navales, autoridades civiles, agentes aduanales y algunos legisladores de oposición.

Se trata de una amplia propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, para que la Secretaría de Marina (Semar) se convierta en la máxima administración marítima del país, “a fin de evitar confusiones y vacíos de autoridad ante la autoridad marítima nacional e internacional”.