CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año del incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en el que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) abandonaron en su celda a más de 67 migrantes –provocando la muerte de 40 de ellos–, ha imperado la “indolencia” y la “omisión” del Estado mexicano, especialmente del INM, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En un comunicado emitido este martes, en vísperas de conmemorarse el primer aniversario de la tragedia, 39 organizaciones de la sociedad civil equipararon el incendio de Ciudad Juárez a “uno de los peores crímenes de Estado contra la población migrante”, y denunciaron que “a la fecha no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas”.