CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Principado de Andorra expropió 2 mil millones de euros a los 23 inversionistas mexicanos que vieron sus fondos bloqueados al ser intervenida la Banca Privada d´Andorra (BPA) en 2015, sin que hubiera algún juicio jurídico que demostrara que el origen de los recursos fuera a través de lavado de dinero.

“Los empresarios se sienten con las manos atadas y no pueden ejercer ningún tipo de debido proceso o defensa para desbloquear sus fondos, entonces estrictamente eso es una extinción de dominio o una expropiación sin proceso jurídico alguno”, asegura el abogado de estos mexicanos, Salvador Padilla Estrada, en declaraciones a Forbes México.