PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos denunciaron que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta violentó “el interés superior de la niñez”, protegido por la Constitución, al trasladar a un área del penal de San Miguel a jóvenes que se encontraban en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA).

En rueda de prensa virtual, 22 organizaciones encabezadas por Pro-Niñez, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Justicia Juvenil Internacional México y Servicios a la Juventud, demandaron un diálogo con el gobierno estatal para “restaurar la legalidad” y que los adolescentes afectados sean retornados al CIEPA, actualmente usado por el gobierno de Barbosa como reclusorio Covid.