CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por los abusos cometidos en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, abre una oportunidad para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador modifique su política de seguridad púbica y “marque una diferencia” respecto al ex presidente Felipe Calderón, sostiene Simón Hernández León, representante legal de las víctimas.

A unos días de que el presidente del tribunal regional, Ricardo Pérez Manrique, diera a conocer el resolutivo, de cumplimiento obligatorio para México, Hernández León reflexiona sobre sus alcances más allá del reconocimiento de que García Rodríguez y Alpízar Ortiz,  fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos, entre ellos faltas al debido proceso, permanecer 17 años en prisión preventiva sin sentencia y tortura para autoinculparse e inculpar a otros en el homicidio de la regidora de Atizapan, María de los Ángeles Tamez, en 2001.