CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno reducirá a la mitad los recursos en publicidad oficial fue bien recibido por quienes durante años han peleado por transparentarlos. Pero entre ellos hay un temor: que la centralización del gasto y de la comunicación social en la Presidencia terminen por reproducir la discrecionalidad con que las administraciones del PRI y del PAN han manejado esos recursos para controlar a los medios.

La herramienta actual para continuar este mismo esquema –que mantendrá su vigencia en el próximo gobierno– es la Ley General de Comunicación Social, aprobada por la mayoría del PRI en la saliente legislatura y que entrará en vigor en enero de 2019. Esa ley terminó siendo conocida como Ley Chayote, porque legalizó el uso discrecional de la publicidad para premiar o castigar a los medios.