CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La promoción personalizada de las ayudas económicas que se dispersan mediante los llamados Programas de Bienestar fue plenamente acreditada: varios “superdelegados” –entre los que destacan aquellos que buscan o han buscado cargos de elección popular– emitían mensajes a través de redes sociales difundiendo acciones gubernamentales, mientras que 13 mil empleados conocidos como “Servidores de la Nación”, recorrían el país integrando padrones, con chalecos en los que, además de la iconografía gubernamental, podía leerse el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Unidad de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el asunto el 8 de agosto, pero fue hasta el 26 de septiembre cuando emplazó al presidente, a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, así como el coordinador de los programas sociales, Gabriel García, para que respondieran por el uso de recursos públicos para promoción personalizada, una actividad que está prohibida por el artículo 134 constitucional.