Como consecuencia de un amparo a favor de Olimpia Montoya–ciudadana que busca a su hermano Marco Antonio–, el Poder Judicial emplazó a la FGR y a otras cinco dependencias a ella adscritas a poner en operación el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. A pesar de que la ley la obliga a crear estos instrumentos para enfrentar la crisis de desaparecidos y la crisis forense que padece el país, la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero no sólo no admitió que fue omisa, sino que impugnó la decisión judicial, iniciando con ello un litigio contra los que debería proteger: las víctimas y sus familias.

Ciudad de México (Proceso).– Frente a un registro oficial hasta el 21 de diciembre de 109 mil 300 personas desaparecidas no localizadas –más de 38 mil 900 de ellas reportadas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador–, la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero ha decido litigar en contra de víctimas y sus familiares, al eludir su responsabilidad en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).